La Justicia seguirá peritando los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, procesado junto a otras 18 personas. En las grabaciones aparecen mencionados Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Mientras tanto, una nueva testigo podría sumarse al expediente y aportar conversaciones sobre el origen de las filtraciones.
La causa por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está lejos de cerrarse. Por el contrario, la investigación que comenzó sacudiendo a un organismo particularmente sensible del Estado vuelve a avanzar sobre uno de los puntos que mayor impacto político generó desde el comienzo: los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y las menciones al círculo más cercano de Javier Milei.
Este lunes 7 de septiembre, el juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo con el que la defensa del extitular de ANDIS pretendía suspender el peritaje sobre las grabaciones y dispuso que el análisis continúe.
Son 58 archivos de audio que están siendo examinados por especialistas de Gendarmería Nacional para determinar su origen, autenticidad, posibles ediciones o manipulaciones y si existió utilización de inteligencia artificial. La defensa de Spagnuolo cuestionó el material y anticipó que apelará la decisión.
De funcionario de Milei a procesado
El escándalo no se limita a una filtración de conversaciones.
Spagnuolo, quien había sido designado por Javier Milei como director ejecutivo de ANDIS, fue procesado en febrero de 2026 por el juez Sebastián Casanello, que lo consideró presunto líder de una asociación ilícita dedicada a obtener ganancias a partir de contrataciones públicas dentro del organismo.
La resolución alcanzó a otras 18 personas y fijó sobre Spagnuolo un embargo de $202.000 millones.
La propia Procuración informó entonces que la investigación había permitido reconstruir, según la hipótesis judicial, una organización integrada por funcionarios públicos y actores privados que habría intervenido sobre contrataciones del sector farmacéutico.
La causa siguió creciendo: en abril de este año la Justicia ordenó además la indagatoria de 29 personas, entre empresarios y personas vinculadas con el funcionamiento del organismo.
Karina Milei y “Lule” Menem, mencionados en los audios
El punto políticamente más delicado está en las grabaciones.
En los audios difundidos públicamente y atribuidos a Spagnuolo se habla de un supuesto mecanismo de retornos relacionado con proveedores de medicamentos de ANDIS y aparecen mencionados Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores políticos del oficialismo.
Una investigación de Chequeado determinó además que Spagnuolo no era un funcionario distante del Presidente: registró 38 ingresos a la Quinta de Olivos entre 2024 y 2025 y también mantuvo reuniones en Casa Rosada con Lule Menem. Un peritaje privado encargado por ese medio encontró evidencia compatible con que la voz de las grabaciones analizadas perteneciera al exfuncionario.
Ahora será el peritaje oficial ordenado por la Justicia el que deberá determinar técnicamente qué grado de autenticidad e integridad tienen los 58 archivos incorporados al expediente.
Es importante hacer una distinción: las menciones en los audios no equivalen por sí mismas a una condena ni prueban responsabilidad penal de Karina Milei o Lule Menem. Precisamente por eso el análisis judicial de las grabaciones resulta central.
Una nueva testigo puede entrar en escena
La causa sumó además otro capítulo en las últimas horas.
El fiscal Franco Picardi analiza si corresponde convocar a declarar como testigo a Nadia Beller, expareja del asesor y consultor libertario Fernando Cerimedo.
Beller aseguró públicamente conocer información sobre el origen de la filtración de los audios y afirmó disponer de conversaciones grabadas que podrían aportar datos al expediente.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito solicitando que sea escuchada por la Justicia. El juez Lijo incorporó el planteo a la causa y lo remitió al fiscal Picardi para que determine si considera pertinente tomarle declaración.
Por el momento se trata de afirmaciones de Beller que deberán ser corroboradas judicialmente.
El contraste con las personas con discapacidad
El escenario adquiere otra dimensión cuando se observa qué organismo está bajo investigación.
ANDIS era precisamente la agencia encargada de administrar políticas destinadas a personas con discapacidad.
Durante la gestión de Spagnuolo, el Gobierno nacional inició una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La propia Nación sostuvo que el procedimiento buscaba detectar irregularidades en el otorgamiento de los beneficios.
En Neuquén, sin embargo, las suspensiones tuvieron consecuencias concretas.
En agosto de 2025, el Gobierno provincial informó que había tenido que desplegar un operativo especial para asistir a personas con discapacidad afectadas por la suspensión de pensiones nacionales y acompañarlas en los trámites necesarios para intentar recuperar el beneficio.
También intervino la Justicia Federal: la jueza Carolina Pandolfi ordenó en uno de esos casos el inmediato restablecimiento de una pensión que ANDIS había dado de baja, mientras existían otras presentaciones similares.
Ese contraste es el que transforma el expediente ANDIS en algo más que otro escándalo administrativo.
Mientras desde el Gobierno se exigían controles y documentación a miles de personas que dependían de una pensión para subsistir, la Justicia terminó investigando dentro del organismo encargado de esos controles un presunto esquema de corrupción asociado a contrataciones y medicamentos.
Una causa que todavía tiene mucho por explicar
Cuando estalló el escándalo en agosto de 2025, el propio Gobierno desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini de sus cargos. El decreto firmado por Javier Milei expresó que la decisión se adoptaba para permitir que el Poder Judicial realizara las investigaciones necesarias.
Un año después, el expediente no desapareció.
Spagnuolo está procesado. Hay otras 18 personas alcanzadas por procesamientos. Decenas fueron convocadas a indagatoria. Gendarmería analiza 58 grabaciones y la Justicia evalúa incorporar nuevos testimonios.
Y sobre las grabaciones continúa flotando la pregunta políticamente más sensible: qué ocurrió dentro de ANDIS y hasta dónde llegaba el circuito que describen los audios.
Será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades.
Pero para un gobierno que construyó una parte central de su identidad política alrededor de la promesa de terminar con los privilegios y las prácticas de “la casta”, lo que ocurre en ANDIS plantea una obligación difícil de esquivar: explicar hasta el final qué pasó dentro de un organismo encargado de administrar recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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