Lorena Parrilli cuestionó en la Legislatura neuquina el acuerdo YPF-GNL que beneficia a empresas con récord de producción y ganancias comprobadas: ¿por qué seguir subsidiando a quien ya no tiene riesgos? El peronismo neuquino planta una discusión sobre soberanía y valor agregado que va mucho más allá de una interna legislativa.
Hay debates que parecen técnicos pero son políticos. Y hay preguntas que parecen simples pero nadie del oficialismo quiere responder. La diputada peronista Lorena Parrilli formuló una de esas preguntas en la Legislatura neuquina esta semana, en el marco del debate por el acuerdo YPF-GNL que el gobierno de Rolando Figueroa impulsa para exportar gas de Vaca Muerta licuado en alta mar.
La pregunta, en su forma más directa, es esta: si Vaca Muerta ya produce récords históricos de petróleo y gas, si las empresas que operan allí tienen todas las certezas sobre la productividad de la formación y si los beneficios especiales fueron diseñados para atraer inversión cuando había incertidumbre, ¿por qué hay que seguir dándoles esos beneficios?
La respuesta del oficialismo provincial no fue técnica. Fue política: que quien se opone «atrasa veinte años».
Lo que el peronismo construyó y lo que el acuerdo desarma
Parrilli no habló desde el vacío. Habló desde una historia concreta. El proceso que ella reivindica tiene nombre y fecha: la recuperación estatal de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el posterior acuerdo con Chevron, que en 2013 abrió el camino a la explotación no convencional masiva en la Cuenca Neuquina.
En ese momento, Vaca Muerta era una promesa enorme pero incierta. Nadie sabía con exactitud qué tan productiva sería la formación, cuánto costaría extraerla en escala ni qué precio tendría el gas en los mercados internacionales. El Estado argentino, a través de YPF, asumió ese riesgo. Invirtió, negoció y abrió el camino. El sector privado llegó después, cuando las certezas ya estaban puestas sobre la mesa.
«Cada día es un récord de extracción de petróleo y de gas», señaló Parrilli, y ese dato es verificable. Vaca Muerta no es más una formación en etapa experimental. Es la principal cuenca de hidrocarburos del país, con producción consolidada, inversores confirmados y precios internacionales que justifican amplísimamente la actividad.
En ese contexto, la pregunta de Parrilli cobra toda su fuerza: cuando el riesgo ya no existe, cuando los récords productivos son cotidianos, ¿tiene sentido que el Estado siga renunciando a ingresos fiscales para facilitar a las mismas empresas que ya ganan sin necesitar estímulos adicionales?
El barco y la época colonial
El punto más agudo del planteo de Parrilli no fue sobre las regalías. Fue sobre la geografía del valor agregado.
El acuerdo que el gobierno de Figueroa impulsó contempla que el gas extraído de Vaca Muerta sea trasladado para su licuefacción y posterior exportación. El detalle que Parrilli puso sobre la mesa es que esa licuefacción no se realizará en suelo argentino sino en un buque FLNG — una plataforma flotante de licuefacción anclada en aguas argentinas o internacionales.
«Se llevan el gas y encima lo van a licuar en un barco. Ni siquiera lo van a hacer en tierra argentina. La verdad es que estamos volviendo a la época colonial», dijo la diputada.
La frase tiene una precisión histórica que merece detenerse. El modelo colonial clásico no consiste en que el extranjero venga y robe. Consiste en que el país que tiene el recurso acepta exportarlo sin procesarlo, sin industrializarlo, sin generar empleo calificado en el proceso de transformación. La materia prima sale. El valor agregado queda afuera. Los empleos de mayor calificación y remuneración también.
Una planta de licuefacción en tierra argentina sería una industria. Generaría empleos directos e indirectos, desarrollaría proveedores locales, formaría técnicos y profesionales y mantendría en el país una parte de la cadena de valor del gas. Un barco FLNG es exactamente lo contrario: la riqueza sale del subsuelo, se procesa en mar y el valor agregado de ese proceso se queda en otro lugar.
Los beneficios fiscales que nadie contabiliza
El argumento central del oficialismo, expresado por el diputado Francisco Lepore con el respaldo del gobierno de Figueroa, es que el acuerdo incluye bonos de infraestructura por USD 333 millones más aportes para rutas, becas y obras. Y que ese es el resultado de «negociar mejor» los recursos provinciales.
Parrilli no niega que esas compensaciones existan. Lo que cuestiona es la lógica del intercambio. Si las empresas involucradas en el acuerdo GNL están siendo eximidas de regalías plenas o recibiendo condiciones fiscales especiales, la pregunta es cuánto representa esa renuncia fiscal en términos totales. Los USD 333 millones en bonos de infraestructura pueden ser una cifra atractiva en un titular o en un acto de firma, pero comparada con el valor total del gas que se exportará durante la vigencia del acuerdo — potencialmente décadas — puede ser una fracción muy pequeña.
Es la misma lógica que el peronismo denunció con la soja durante décadas: las retenciones, las exenciones, los tipos de cambio diferenciales. Siempre hay una cifra que parece grande cuando se la presenta sola, y siempre hay que compararla con el volumen total del recurso que se entrega.
El sueño que Parrilli defiende
Lepore dijo que la posición de Parrilli consistía en «destruir el sueño de Cristina». Y Parrilli lo asumió sin esquivar: sí, el modelo que ella defiende es el que durante el gobierno de CFK puso al Estado en el centro del desarrollo energético.
Ese modelo no fue perfecto. Ningún modelo lo es. Pero tiene una lógica que merece ser evaluada en sus propios términos: el Estado asume riesgos cuando el sector privado no quiere hacerlo, y cuando esos riesgos se convierten en negocios rentables y comprobados, el Estado recupera una parte mayor de los frutos. No para siempre subsidiar. Para dejar de subsidiar cuando ya no hace falta.
Lo que Parrilli plantea en la Legislatura neuquina es exactamente ese momento: Vaca Muerta ya no necesita subsidios para funcionar. Entonces, ¿para quién son los beneficios especiales?
La respuesta del oficialismo, hasta ahora, ha sido llevar la discusión al terreno de la épica y las identidades. «El sueño de una dirigente atrasa veinte años.» Es un buen párrafo para un tuit. No es una respuesta para la pregunta que dejó Lorena Parrilli sobre la mesa.
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