La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner al Gobierno contra las cuerdas. El presupuesto de educación superior sigue 25,3% por debajo de 2023 y los salarios docentes perdieron 24,2% en términos reales. Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo debería otorgar una recomposición adicional cercana al 32%.
La universidad pública argentina volvió a salir a la calle.
Este jueves se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria, con docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sindicales reclamando al Gobierno de Javier Milei algo que dejó de ser solamente una discusión presupuestaria: que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y recomponga los salarios deteriorados durante los últimos tres años.
Los números explican buena parte del conflicto.
Según un análisis de Chequeado sobre datos presupuestarios y salariales, el gasto destinado a educación superior en 2026 se encuentra 25,3% por debajo, en términos reales, del nivel de 2023. Para recuperar aquella inversión, el Gobierno debería pasar de los $6,2 billones previstos este año a unos $8,3 billones.
El ajuste se siente todavía con mayor claridad en los bolsillos de quienes sostienen las aulas.
Los docentes perdieron una cuarta parte de su salario
Un auxiliar docente de primera, con dedicación simple y diez años de antigüedad, percibió en septiembre $421.236 mensuales, según datos de CONADU relevados por Chequeado.
En términos reales, representa una pérdida del 24,2% frente a noviembre de 2023.
La Ley de Financiamiento Universitario establece una actualización salarial destinada a recomponer el deterioro acumulado desde fines de 2023.
Para llegar al nivel previsto por esa norma, el salario mencionado debería aumentar aproximadamente 32% adicional, hasta acercarse a los $556.000.
El conflicto, por lo tanto, no gira alrededor de una mejora salarial extraordinaria.
El reclamo apunta a recuperar poder adquisitivo perdido.
Milei vetó la ley y después condicionó su aplicación
La pelea institucional comenzó en 2025.
El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, pero Javier Milei la vetó argumentando que la norma no identificaba adecuadamente las fuentes de financiamiento.
El Congreso posteriormente rechazó ese veto.
Sin embargo, el Ejecutivo promulgó la ley mediante un decreto que condicionó su ejecución a que el Parlamento identificara expresamente las partidas necesarias para financiarla.
Esa estrategia terminó judicializada.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11 ordenó aplicar la norma y declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar su ejecución.
El Gobierno apeló esa sentencia, por lo que esa declaración quedó suspendida temporalmente. Pero hay un dato fundamental: la obligación cautelar de recomponer salarios, becas y fondos universitarios continúa vigente.
Es decir, la disputa judicial sigue abierta, pero el reclamo económico de las universidades no desapareció.
Una multa diaria por incumplimiento
La tensión llegó a otro nivel en los últimos días.
La Justicia avanzó con una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete por el incumplimiento de la medida cautelar relacionada con la aplicación de artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que el Gobierno continúa sin aplicar plenamente las disposiciones referidas a salarios y becas.
Desde el Ejecutivo responden que el Congreso debe especificar cómo financiar el aumento del gasto y continúan litigando contra las resoluciones judiciales.
Así, una discusión originalmente presupuestaria terminó convirtiéndose también en una disputa institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, las universidades y la Justicia.
El presupuesto sigue lejos de 2023
El ajuste tampoco parece revertirse completamente hacia adelante.
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé alrededor de $7,5 billones para educación superior.
En términos reales, ese monto prácticamente no modificaría la situación de 2026. Según las estimaciones recopiladas por Chequeado, serían necesarios aproximadamente $10 billones para recuperar el nivel real de inversión existente en 2023.
Ese dato complica el argumento de que la crisis universitaria corresponde únicamente al impacto inicial del ajuste aplicado durante el comienzo de la administración libertaria.
Tres años después, la brecha continúa.
El otro dato: docentes privados con salarios de $630.000
El relevamiento difundido por SADOP CABA agrega otra fotografía del deterioro educativo, aunque corresponde específicamente al ámbito privado.
Un profesor adjunto de universidad privada con 42 horas frente al curso recibe alrededor de $630.000 mensuales, mientras que uno con 21 horas percibe aproximadamente $315.000.
SADOP compara esos ingresos con una Canasta Básica Total Ampliada propia de $2.469.306 para una persona sola.
Ese indicador no equivale a la Canasta Básica Total oficial del INDEC y los salarios del sector privado no son fijados directamente por el Gobierno nacional.
Pero el relevamiento muestra otra dimensión del mismo problema: el trabajo docente pierde capacidad para garantizar ingresos suficientes frente al costo de vida.
Becas congeladas y estudiantes bajo presión
El reclamo universitario tampoco se limita al salario.
El CIN advierte que las Becas Progresar permanecen en $35.000 desde 2024, mientras también cuestiona el deterioro de otros programas de ayuda estudiantil y científica.
Para las universidades, esto afecta especialmente a quienes necesitan combinar trabajo y estudio o dependen de asistencia económica para sostener transporte, materiales y alimentación.
El conflicto, por lo tanto, atraviesa a toda la comunidad universitaria.
La universidad volvió a marcarle un límite a Milei
El Gobierno sostiene que su prioridad es mantener el equilibrio fiscal y evitar que nuevas leyes generen gastos sin financiamiento claramente establecido.
Las universidades responden que ese criterio terminó colocando sobre docentes, investigadores, no docentes y estudiantes una parte desproporcionada del ajuste.
Los números alimentan esa crítica.
25,3% menos inversión real que en 2023.
24,2% de caída real del salario docente.
32% de recomposición todavía pendiente para alcanzar lo establecido por la ley.
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