El Gobierno nacional declaró «secreto militar» una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. No se sabe qué se va a comprar, cuánto va a costar ni a qué empresa o país. Y con este decreto, el trámite queda libre de la obligación de hacerse público.
Una compra sin datos
Este lunes apareció en el Boletín Oficial el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Defensa, Carlos Presti. Lo que dice es breve: el Estado va a comprar equipamiento para las Fuerzas Armadas y toda esa operación queda clasificada como secreto militar.
El decreto no aclara qué se va a comprar, si son aviones, armas, vehículos o tecnología. Tampoco dice en qué cantidad, a qué empresa ni a qué país, y no informa cuánta plata se va a gastar. Lo único que se conoce es el número de expediente y que el Ministerio de Defensa queda a cargo de concretar la compra.
Qué significa «secreto militar»
Cuando el Estado compra algo, sea una ambulancia, una computadora o una obra, en general tiene que publicarlo. Así cualquier persona, un periodista, un legislador o un vecino, puede ver qué se compró, a qué precio y a quién. Es la forma más sencilla de controlar que la plata de todos se use bien.
Con el secreto militar, esa regla deja de correr. El decreto lo dice de forma expresa: los organismos que hagan la compra quedan eximidos de publicar y difundir todos los pasos del proceso. En pocas palabras, la compra se hace a puertas cerradas.
No es la primera vez
La herramienta existe desde 1963 y es legal. Permite mantener en reserva las compras militares cuando se considera que conocerlas podría afectar la defensa del país. Pero este gobierno ya la usó antes: en 2024 declaró secreto militar la compra de los aviones F-16 a Dinamarca y meses después amplió ese secreto a los contratos adicionales.
Además, en mayo de este año Milei firmó un decreto, sin pasar por el Congreso, que creó un plan para reequipar a las Fuerzas Armadas. Ese plan se financia en parte con lo que el Estado recaude al vender inmuebles públicos y empresas privatizadas. En Diputados se presentaron proyectos que cuestionan ese esquema porque deja menos espacio para que el Congreso controle cómo se gasta.
La pregunta que queda
Que un país equipe a sus Fuerzas Armadas no está en discusión. Lo que se discute es el cómo. Un gobierno que pide sacrificios todos los días, que discute cada peso para universidades, jubilados y obra pública, ahora decide que una compra con fondos públicos no tiene que mostrarse.
La seguridad nacional puede justificar que no se publiquen detalles técnicos. Lo que no explica el decreto es por qué tampoco se puede saber cuánto se gasta.
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