La senadora de Neuquén no puede ser candidata en su propia provincia por sus antecedentes judiciales — y Karina Milei quiere que sea ella quien decida quiénes llegan a la Corte Suprema
Nadia Márquez, la senadora libertaria por Neuquén, tiene una condena en suspenso que la Ley de Ficha Limpia local le impide ser candidata en su provincia. Sin embargo, la Casa Rosada la impulsó con urgencia para presidir la comisión del Senado que aprueba a los jueces más importantes del país. Sus propios aliados le sabotearon la jugada. Y la persona señalada como responsable de los llamados incómodos es la misma de siempre: Karina.
Hay una comisión en el Senado que nadie menciona cuando habla de política en los programas de televisión, pero que todos los senadores quieren integrar. Se llama Comisión de Acuerdos. Y su importancia es tan grande que esta semana desató una pelea interna del gobierno de Milei que ningún comunicado oficial puede disimular.
¿Qué hace esa comisión? Decide si los candidatos a los cargos más importantes de la justicia argentina pueden asumir o no. Cuando hay una vacante en la Corte Suprema — el tribunal más poderoso del país — es esta comisión la que analiza al candidato, lo entrevista y recomienda si el Senado debe votar a favor o en contra. Lo mismo pasa con los jueces federales, los ascensos militares de alto rango y los cargos diplomáticos. Quien preside esa comisión tiene las manos sobre el grifo del poder judicial argentino.
Y el gobierno de Javier Milei quería poner allí a la senadora neuquina Nadia Márquez.
Quién es Nadia Márquez y por qué importa
Márquez entró al Congreso en 2023 como diputada libertaria por Neuquén. En las elecciones del año pasado encabezó la fórmula de La Libertad Avanza y ganó una banca en el Senado, convirtiéndose en la primera senadora de ese espacio por la provincia.
Hay un dato sobre su pasado judicial que los aliados del gobierno pusieron sobre la mesa esta semana con toda intención. En un momento anterior de su trayectoria, Márquez aceptó lo que se llama una «probation» — un acuerdo ante la justicia por el cual una persona reconoce su responsabilidad en un hecho y recibe una condena en suspenso, a cambio de no ir a juicio oral. Esa condena en suspenso no es lo mismo que ir preso, pero es un antecedente judicial que existe.
Ese antecedente tiene una consecuencia concreta en Neuquén: la ley de Ficha Limpia provincial dice que quien tiene ese tipo de antecedente no puede postularse como candidato en las elecciones de la provincia. Nadia Márquez, la senadora por Neuquén, no puede ser candidata en Neuquén.
A nivel nacional, sin embargo, no hay ninguna limitación. Puede seguir siendo senadora. Y puede, si el Senado lo decide, presidir la comisión que aprueba a los jueces de la Corte Suprema.
El plan que salió mal
La semana pasada murió el senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto, que era presidente de la Comisión de Acuerdos. La Casa Rosada vio la oportunidad y movió rápido — quizás demasiado rápido. El plan era simple: Márquez entraba a la comisión en reemplazo de Pagotto, los aliados la votaban presidenta y el gobierno mantenía el control sobre ese espacio clave antes de las elecciones de octubre.
El problema fue la velocidad. Que la Casa Rosada presionara con tanta urgencia para ocupar el lugar de un senador que acababa de morir generó una reacción que el gobierno no esperaba. Los aliados — radicales, parte del PRO, senadores dialoguistas — no se mostraron dispuestos a aceptar que les dicten los movimientos con llamados telefónicos incómodos.
El resultado fue una pequeña pero elocuente rebelión. Esta semana la Comisión de Acuerdos tenía una reunión para analizar pliegos de candidatos judiciales. Varios aliados que estaban físicamente presentes en el edificio del Senado simplemente no fueron. Decidieron no aparecer.
Los que faltaron
La senadora Sandra Mendoza, de Tucumán, es secretaria de esa misma comisión. Estaba en el Senado. No fue a la reunión.
La radical Carolina Losada, de Santa Fe, también estaba presente en el edificio — el tablero de control del Senado lo mostraba con su luz encendida. Tampoco fue.
Solo aparecieron los senadores propios de La Libertad Avanza y alguno de relleno de último momento. La reunión técnicamente se realizó, pero sin el peso político que el gobierno necesitaba para avanzar en su jugada.
Por qué esto importa
La pelea por la Comisión de Acuerdos no es un problema interno del gobierno que solo afecta a los políticos. Es la disputa por quién va a tener influencia sobre quiénes serán los próximos jueces de la Corte Suprema y del sistema federal.
En los últimos meses, la Corte Suprema avaló el DNU que eliminó la Ley de Tierras. Rechazó el amparo de los excombatientes de Malvinas que defendían la soberanía territorial. Y procesó decenas de pliegos judiciales que van definiendo el perfil del Poder Judicial para los próximos años.
Quien preside la comisión que filtra esos pliegos tiene poder para acelerar o frenar designaciones, para abrir o cerrar paso a determinados perfiles de jueces. No es un cargo decorativo.
Y el gobierno de Milei quería que ese cargo lo ocupara una senadora que tiene antecedentes judiciales que su propia provincia considera suficientes para impedirle ser candidata.
La persona apuntada
Los aliados que se molestaron no señalaron directamente a Milei. La persona que más aparece mencionada como responsable de los llamados incómodos que generaron el malestar es Karina Milei, la secretaria general de Presidencia y el motor real de las operaciones políticas del gobierno.
Es la misma dinámica que vimos con Bullrich, que se enteró de recortes en discapacidad por los diarios porque nadie la consultó. La misma lógica de conducción que impone decisiones sin negociar y después se sorprende cuando los aliados que se necesitan para gobernar deciden no aparecer.
Los que sí defienden a Márquez a rajatabla, según Infobae, son Karina Milei y los hermanos Menem. En el Senado, sin embargo, se vota. Y los votos no alcanzan solo con los propios.
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