Aunque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso y posteriormente reglamentada, organizaciones del sector advierten que persisten demoras, deudas con prestadores e instituciones al borde del cierre.
A un año de la sanción de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, miles de personas continúan esperando respuestas del Estado para acceder a pensiones, tratamientos y prestaciones esenciales.
Un informe difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales indicó que más de 200 mil solicitudes de pensiones no contributivas permanecen sin resolución. Algunos de los expedientes pendientes fueron iniciados durante la pandemia y todavía no recibieron una definición administrativa.
Durante la gestión de Javier Milei se habrían otorgado poco más de 8 mil nuevas pensiones, mientras que más de 110 mil beneficios fueron suspendidos o dados de baja, según los datos relevados por la organización y publicados por Página/12.
La Ley 27.793 fue sancionada por el Congreso el 10 de julio de 2025 para declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla durante otro año. La norma contempla un nuevo régimen de pensiones, el sostenimiento de las prestaciones y la actualización de los aranceles destinados a centros terapéuticos, transportistas y profesionales.
El presidente Milei vetó inicialmente la ley, pero el Congreso rechazó la decisión del Poder Ejecutivo y sostuvo la norma con una amplia mayoría. Después de una serie de presentaciones judiciales, el Gobierno dictó en febrero de 2026 el Decreto 84, mediante el cual reglamentó su aplicación.
Sin embargo, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores afirman que la implementación continúa siendo parcial. Si bien el Gobierno habilitó un trámite para solicitar compensaciones económicas de emergencia, las instituciones denuncian que las deudas acumuladas y el atraso de los aranceles siguen dificultando la continuidad de los servicios.
La ley establece que los prestadores deben contar con financiamiento sostenible y con mecanismos para regularizar deudas tributarias. También dispone que las pensiones sean compatibles con empleos formales cuando los ingresos de la persona no superen determinados límites y garantiza la cobertura de salud para los beneficiarios.
El deterioro del sistema afecta directamente el acceso a terapias, transporte, educación y espacios de acompañamiento. Las demoras obligan a numerosas familias a afrontar costos que deberían estar cubiertos y ponen en riesgo el funcionamiento de hogares, centros de día e instituciones especializadas.
El reclamo del sector se concentra ahora en el cumplimiento efectivo de la ley aprobada por el Congreso. La emergencia continúa vigente, pero las familias y los prestadores sostienen que su aplicación debe traducirse en respuestas concretas, financiamiento suficiente y continuidad de las prestaciones.
Fuente de imagen
Página/12 – Fotografía de Leandro Teysseire, tomada en el Hogar Promover.
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