La Provincia cerró el convenio mediante el cual la Nación intervenía en el cálculo y la liquidación de las compensaciones para las líneas bonaerenses. El nuevo sistema incorpora controles propios sobre el destino de los fondos.
NOTA
El gobierno de Axel Kicillof oficializó un nuevo esquema para administrar los subsidios destinados a las líneas de colectivos de jurisdicción provincial y municipal que circulan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, firmado por el gobernador y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. La normativa aprobó el cierre del convenio de colaboración que la Provincia mantenía con el Estado nacional desde finales de 2018.
Hasta ahora, la Nación intervenía en el cálculo mensual, la liquidación y la distribución de las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas. La Provincia recibía esos datos y posteriormente transfería los recursos correspondientes a las prestadoras de los servicios.
El acuerdo había sido firmado como consecuencia del Consenso Fiscal y comenzó a aplicarse el 1º de enero de 2019. Durante su vigencia fue prorrogado mediante diez adendas sucesivas, hasta que la última extensión venció el 31 de diciembre de 2025. Las partes firmaron el acta de cierre definitivo el 7 de marzo de este año.
La administración bonaerense ya había creado un Régimen de Compensaciones Tarifarias propio mediante el Decreto 3231/2025. La puesta en funcionamiento de ese mecanismo permitió que la Provincia asumiera directamente el cálculo, el control y la distribución de los subsidios para las líneas bajo su jurisdicción.
El nuevo esquema también establece mayores obligaciones para las empresas beneficiarias. Las prestatarias deberán presentar rendiciones de cuentas cada cuatro meses, informar el destino de los fondos recibidos, discriminar los gastos correspondientes a cada servicio y acompañar documentación certificada sobre la utilización de los recursos.
La normativa contempla sanciones progresivas para las compañías que incumplan con las rendiciones. Una primera irregularidad podrá generar la retención del 10% de las compensaciones. El porcentaje podrá ascender al 50% cuando la falta no sea regularizada dentro de los 30 días y alcanzar la totalidad de los subsidios después de 60 días de incumplimiento.
El cierre del convenio también alcanza las tareas relacionadas con el gasoil a precio diferencial, las comisiones del sistema SUBE y el Atributo Social, beneficio destinado a reducir el costo del boleto para jubilados, pensionados y otros sectores contemplados por la política tarifaria.
La medida se produce en un escenario de fuertes diferencias entre la Provincia y la Casa Rosada por la distribución de los recursos nacionales. Desde la gestión bonaerense sostienen que contar con herramientas propias permitirá mejorar la capacidad de planificación y evitar que decisiones tomadas por el Gobierno nacional condicionen el funcionamiento de los servicios provinciales.
La reorganización refuerza la autonomía de Buenos Aires sobre un servicio esencial utilizado diariamente por millones de personas. Al mismo tiempo, aumenta la responsabilidad provincial sobre el control de las empresas, la utilización de los subsidios y la continuidad del transporte público.
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