Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego dieron una conferencia de prensa para explicar la presentación que hicieron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Según la defensa, una planilla que la propia Fiscalía exhibió en la causa Cuadernos demostraría que a las empresas de Lázaro Báez se les asignó menos del 1% de los fondos que la Dirección de Vialidad Nacional destinó a obra pública durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La causa Vialidad, la que tiene a Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria, volvió a estar en el centro de la escena. Sus abogados, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, ofrecieron este martes una conferencia de prensa para dar detalles de la presentación que realizaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del pedido de revisión internacional de la condena. El anuncio central: según sostiene la defensa, apareció un elemento probatorio nuevo que, a su criterio, cambia por completo la lectura del caso.
Conviene ubicar el dato con precisión: esta presentación no es un recurso ante la Justicia argentina —donde la condena ya quedó firme tras la confirmación de la Corte Suprema— sino un reclamo ante un organismo internacional de derechos humanos, un mecanismo separado y no vinculante en forma directa sobre el proceso judicial interno. Es, en los hechos, un capítulo distinto y paralelo al expediente que hoy mantiene a la expresidenta bajo arresto domiciliario.
Lo que dice la defensa que encontró
Beraldi fue el primero en hablar y anunció, en sus palabras, «la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente». Sostuvo además que las «tres toneladas de prueba» que en su momento presentó la Fiscalía «fueron desvirtuadas» y calificó las imputaciones originales como «absolutamente falsas». «La verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada», agregó, antes de detallar el hallazgo.
Según relató el abogado, todo partió de un dato que había pasado inadvertido: en el marco de la causa Cuadernos, la Fiscalía presentó como testigo a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, quien exhibió una planilla de Excel con el detalle de cómo se habían utilizado los fondos de un fideicomiso vial. «Nosotros no habíamos podido ver eso antes», remarcó Beraldi. A partir de esa información —que, según explicó, detallaba de manera completa todo lo invertido en obra pública a través de ese fideicomiso— la defensa pidió acceso al documento e inició una investigación propia.
El argumento central: el porcentaje asignado a Báez
El punto que la defensa presenta como más contundente es numérico. Según Beraldi, al analizar los fondos que recibió la Dirección de Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner, la porción asignada a las empresas del contratista Lázaro Báez habría representado menos del 1% del total invertido en ese período. «Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez», sostuvo el abogado, y agregó que las empresas de Báez «estaban en lugares muy relegados» del reparto, mientras que las firmas mejor ubicadas «no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento».
Es importante remarcarlo: se trata de la interpretación y el cálculo que presenta la propia defensa a partir de ese documento, no de una conclusión validada todavía por un tribunal. Beraldi explicó que, frente a lo que definió como «el carácter monumental del hallazgo», se puso en contacto con sus colegas Valim y Borrego porque consideraron que la evidencia «excedía el derecho interno» y debía ser llevada directamente al Comité de la ONU.
Qué significa esto, en concreto
Ni la conferencia de prensa ni la presentación ante Naciones Unidas modifican, por sí solas, la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina: la condena en la causa Vialidad sigue firme y la expresidenta continúa bajo el régimen de prisión domiciliaria dispuesto por la Justicia. Lo que se abrió es un mecanismo de reclamo internacional, cuyo recorrido y eventual impacto sobre el caso son, por ahora, una incógnita que dependerá de los tiempos y las resoluciones propias del organismo de Naciones Unidas.
Lo que sí queda planteado, con nombre y apellido de sus responsables, es un cuestionamiento de fondo a la solidez de la prueba que sostuvo la condena: según la defensa, el propio material que presentó la Fiscalía —esta vez mirado con otra lupa— contradiría la hipótesis central del caso, la de un direccionamiento de la obra pública vial hacia el empresario Lázaro Báez. Habrá que esperar cómo responde el Comité de la ONU y si ese cuestionamiento logra, en algún momento, trasladarse también al expediente judicial argentino.
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