El Senado distinguió a 110 escuelas evangélicas en un acto impulsado por la senadora neuquina y pastora Nadia Márquez. El homenaje coincidió con la presentación de un Presupuesto 2027 que mantiene fuertes restricciones sobre programas vinculados con la educación estatal. El contraste reavivó la discusión sobre cuáles son las prioridades educativas del Gobierno nacional.
Una foto de celebración en el Senado y, casi al mismo tiempo, números mucho menos alentadores para distintas políticas educativas nacionales.
La Cámara alta realizó un reconocimiento a 110 instituciones educativas evangélicas de 15 provincias, en una ceremonia promovida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Participaron, entre otros, el presidente de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y autoridades nacionales del área educativa.
Márquez reivindicó durante el encuentro el derecho de las escuelas evangélicas a desarrollar su identidad y su proyecto pedagógico en el marco de la libertad religiosa, y destacó la importancia de que esas instituciones tengan participación en los ámbitos donde se toman decisiones públicas.
El reconocimiento, legítimo dentro de las atribuciones institucionales del Congreso, adquirió sin embargo otro significado político por el momento en que se produjo: mientras el oficialismo nacional destacaba públicamente el trabajo de establecimientos confesionales privados, el proyecto de Presupuesto 2027 volvía a mostrar restricciones importantes en programas vinculados con la educación pública.
El contraste está en los números
Según el análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas sobre el proyecto presupuestario, el Fondo de Compensación Salarial Docente previsto para 2027 tendría una caída nominal del 55,1% respecto del presupuesto 2026 y acumularía una reducción real del 99,4% frente a 2023.
En el caso de Conectar Igualdad, la plataforma presupuestaria del OCEPP señala que el programa no cuenta con una partida específica desde 2025 y tampoco aparece con crédito propio para 2027.
El programa, cabe señalar, continúa existiendo jurídicamente: en abril de 2025 el Poder Ejecutivo lo transfirió desde la Secretaría de Educación a Educ.ar. Es decir, la ausencia de una partida presupuestaria identificada no equivale formalmente a su derogación, aunque sí plantea interrogantes sobre el nivel de recursos destinados a su ejecución.
Allí aparece el centro de la controversia.
No se discute que una institución religiosa pueda ser reconocida por su trabajo educativo. La pregunta que abre el episodio es otra: ¿qué mensaje transmite el Estado cuando despliega un reconocimiento institucional de alto nivel para un sector educativo mientras programas destinados a la escuela estatal enfrentan una fuerte retracción presupuestaria?
Nadia Márquez y el peso del evangelismo en Neuquén
La discusión tiene una dimensión particular en Neuquén.
Márquez no solamente es senadora nacional: también es pastora evangélica y mantiene una trayectoria vinculada con instituciones educativas cristianas. Fue ella quien impulsó el encuentro en el Senado y ofició como anfitriona de la ceremonia.
Además, la educación evangélica posee en Neuquén una presencia proporcionalmente mayor que en buena parte del país. Según datos del Consejo Provincial de Educación citados por LMNeuquén, la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con mayor oferta educativa privada evangélica.
El episodio se produjo, además, apenas días después de otra controversia local. Una madre de estudiantes de la escuela A.M.E.N. denunció públicamente que sus hijos habían sido advertidos de que la inasistencia a una actividad religiosa podía tener consecuencias en sus calificaciones. La denuncia corresponde a esa familia y no permite generalizar esa conducta al conjunto de las instituciones evangélicas.
Ese antecedente vuelve todavía más relevante la discusión sobre los límites entre identidad religiosa, educación y políticas públicas.
Educación privada reconocida; educación estatal bajo presión
El homenaje del Senado por sí mismo no demuestra una política de discriminación contra la escuela pública.
Pero puesto junto a las decisiones presupuestarias nacionales, ofrece una fotografía política difícil de ignorar.
Mientras funcionarios y referentes del oficialismo participaron de una ceremonia para reivindicar el aporte de las escuelas evangélicas, el proyecto presupuestario mantiene en niveles muy reducidos herramientas históricamente asociadas con la compensación salarial docente y la inclusión tecnológica.
La comparación adquiere todavía mayor relevancia porque la escuela pública depende en gran medida de decisiones estatales que no pueden ser reemplazadas únicamente por el esfuerzo de docentes, familias o provincias.
La educación obligatoria argentina se sostiene principalmente desde las jurisdicciones provinciales, mientras Nación interviene mediante políticas de coordinación, compensación, becas, tecnología y otros programas federales.
Por eso, cuando se reducen esas herramientas, el impacto no es solamente contable: se modifica la capacidad del Estado nacional de compensar las desigualdades existentes entre provincias y estudiantes.
Una discusión que excede la religión
El verdadero debate no debería ser escuelas evangélicas contra escuelas públicas.
Las primeras forman parte legítima del sistema educativo argentino y tienen derecho a desarrollar sus proyectos institucionales dentro del marco legal.
La discusión política está en qué lugar ocupa cada modelo educativo dentro de las prioridades del Estado.
El Gobierno nacional reivindica la libertad educativa, la autonomía de las instituciones privadas y una reducción del peso del Estado en distintas áreas. Sus críticos sostienen, en cambio, que esa orientación termina debilitando herramientas destinadas a garantizar mayor igualdad dentro del sistema público.
El homenaje realizado en el Senado condensó esas dos visiones en una misma semana.
De un lado, 110 diplomas, autoridades nacionales y un acto institucional para reconocer a las escuelas evangélicas.
Del otro, un proyecto de Presupuesto 2027 que mantiene fuertes restricciones en políticas educativas nacionales.
Y detrás de ambas imágenes queda planteada una pregunta que seguramente continuará atravesando el debate político argentino:
¿qué educación decide priorizar el Estado y con qué recursos está dispuesto a sostenerla?
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