El Senado convirtió en ley la segunda versión del régimen impulsado por Javier Milei para facilitar el ingreso de dólares al circuito formal. Los 23 senadores del peronismo votaron en contra. En Río Negro, Martín Soria y Ana Marks rechazaron la iniciativa; los tres representantes de Neuquén acompañaron al oficialismo.
El Gobierno nacional consiguió este jueves una nueva victoria parlamentaria con la aprobación definitiva de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una reforma que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica las facultades de fiscalización de ARCA.
La iniciativa recibió 44 votos afirmativos y 23 negativos. La Libertad Avanza obtuvo el respaldo del PRO, la UCR y varios bloques provinciales, mientras que los 23 integrantes del bloque peronista votaron en contra.
La votación volvió a marcar una diferencia política clara en el Congreso.
Mientras el oficialismo presentó la iniciativa como una herramienta para recuperar dólares que permanecen fuera del circuito financiero, desde el peronismo cuestionaron que el nuevo esquema reduzca controles y termine beneficiando también a quienes mantuvieron patrimonio o ingresos sin declarar.
Soria y Marks rechazaron el proyecto
En Río Negro, la representación provincial quedó dividida.
Martín Soria y Ana Marks, ambos de Fuerza Patria, votaron en contra, mientras que el libertario Enzo Fullone acompañó la iniciativa del Gobierno nacional.
El voto de los dos senadores peronistas rionegrinos coincidió así con la posición adoptada por todo el bloque opositor.
En Neuquén ocurrió lo contrario: Nadia Márquez y Pablo Cervi, de La Libertad Avanza, y Julieta Corroza, de La Neuquinidad, votaron afirmativamente. De esa manera, los tres representantes neuquinos respaldaron la iniciativa del Ejecutivo nacional.
¿Qué cambia con Inocencia Fiscal II?
La nueva ley profundiza el esquema impulsado por la Casa Rosada para facilitar la incorporación al sistema de fondos y patrimonios que actualmente permanecen fuera del circuito formal.
Entre sus principales modificaciones aparece la eliminación de topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
También disminuye la cantidad de información exigida a determinados contribuyentes y eleva los requisitos que debe cumplir ARCA para cuestionar declaraciones juradas e inconsistencias patrimoniales.
Para el oficialismo, esos cambios permiten reconstruir la confianza entre el Estado y los contribuyentes.
Patricia Bullrich defendió la medida argumentando que durante años muchos argentinos mantuvieron sus ahorros fuera del sistema financiero por desconfianza hacia el Estado y las sucesivas crisis económicas.
El peronismo cuestionó una nueva flexibilización
La oposición peronista hizo una lectura completamente diferente.
El jefe del bloque, José Mayans, sostuvo que la iniciativa forma parte de un esquema económico que, según su bloque, beneficia a sectores con patrimonios no declarados mientras trabajadores, jubilados y pensionados afrontan otras consecuencias de la política económica nacional.
Mayans utilizó expresiones todavía más duras durante el debate y vinculó el régimen con beneficios para evasores y actividades ilícitas. Esas afirmaciones corresponden a la posición política del senador y fueron rechazadas por el oficialismo.
Otro de los cuestionamientos llegó por parte de Jorge Capitanich, quien señaló que durante el tratamiento en comisiones no participaron funcionarios del Ministerio de Economía ni de ARCA para responder preguntas sobre el alcance de la reforma.
El senador Fernando Salino también objetó los límites previstos para funcionarios públicos y propuso que las restricciones alcanzaran a todas las personas políticamente expuestas, incluyendo familiares directos.
El debate sobre quién queda bajo control
Uno de los puntos centrales de la controversia está justamente en los límites que tendrá el organismo recaudador.
El Gobierno argumenta que el nuevo sistema evita que cualquier diferencia menor convierta automáticamente a un contribuyente en sospechoso.
La oposición, en cambio, advierte que elevar los umbrales y disminuir las obligaciones informativas puede dificultar la detección de patrimonios cuyo origen requiera una fiscalización más profunda.
Ese contrapunto explica buena parte de la división que mostró el Senado.
Un bloque peronista sin fisuras
La votación dejó además un dato político: los 23 senadores del peronismo rechazaron el proyecto, sin votos afirmativos dentro del bloque.
En Río Negro, Soria y Marks mantuvieron esa misma posición.
Del otro lado quedaron La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios, que reunieron los 44 votos necesarios para convertir el proyecto en ley.
El Gobierno celebró la sanción como una herramienta para incorporar dólares al sistema financiero y simplificar la relación entre los contribuyentes y el Estado.
El peronismo dejó planteada una advertencia diferente: que bajo el concepto de “inocencia fiscal” no se termine reduciendo la capacidad estatal de controlar grandes patrimonios, inconsistencias y fondos que permanecieron fuera del sistema formal.
Con la ley ya sancionada, esa discusión dejará ahora el recinto del Senado y pasará a una instancia más concreta: su aplicación efectiva y el nivel de fiscalización que finalmente pueda ejercer ARCA.
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