La oposición aseguró el quórum para sesionar este miércoles y meterle en el recinto dos asuntos que le queman al oficialismo: la deuda de millones de familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. El Gobierno intentó boicotear el debate, no pudo, y terminó ofreciendo un cronograma que la oposición calificó de dilatorio.
Al Gobierno se le complicó la semana. Después de haber intentado copar la agenda con Malvinas, Javier Milei se encontró con que la oposición volvió a marcarle la cancha en el único lugar donde no maneja los tiempos a su antojo: el Congreso. Este miércoles, la Cámara de Diputados sesiona con el quórum asegurado para tratar dos temas que el oficialismo venía bloqueando en comisiones y que preferiría no discutir en voz alta: el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Dos heridas abiertas del modelo, de vuelta en el centro de la escena.
El dato político es contundente: el Gobierno hizo todo lo posible por desarmar la jugada y no le alcanzó. Presionó a gobernadores y a diputados de provincias que suelen darle una mano —Tucumán, Salta, Santa Fe—, buscó romper el número y fracasó. La oposición, que en la sesión del 26 de agosto ya había reunido 133 votos, volvió a peinar las voluntades necesarias. Ante la derrota, La Libertad Avanza cambió de estrategia sobre la marcha: habilitó un cronograma de trabajo en comisiones y dejó trascender que también bajaría al recinto. Un giro que los bloques críticos leyeron como lo que es: una maniobra para ganar tiempo.
Qué se vota (y por qué le duele al oficialismo)
Conviene ser precisos: la sesión no busca aprobar leyes, sino emplazar a las comisiones a fijar una fecha de dictamen. Es decir, imponerle al oficialismo una hoja de ruta y obligarlo a cumplir plazos desde las comisiones que él mismo controla, antes de que el Presupuesto 2027 —que Milei debe enviar en los próximos días— se coma toda la agenda parlamentaria. En criollo: que los temas no se cajoneen.
La bronca opositora con la contraoferta libertaria quedó a la vista. La diputada Cecilia Moreau calificó la maniobra del oficialismo como una forma de «ganar tiempo» y le enrostró haber aprendido «los peores vicios de la casta». Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, fue más gráfica: se burló de que el cronograma oficialista fuera «más largo que la Copa Libertadores» y reclamó medidas urgentes: «Pedimos suspender los pagos; es urgente declarar la emergencia». El diputado Itai Hagman resumió el espíritu de la convocatoria: sesionar para que el Congreso «avance en una solución para las millones de familias endeudadas» y prorrogue una emergencia en discapacidad que, denunció, «el Gobierno no cumple».
Discapacidad: la emergencia que vence y el Estado que abandona
El primer eje es la prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia caduca a fin de año. No es un tecnicismo: se trata de sostener prestaciones y derechos de un sector al que el ajuste golpeó de lleno. El Gobierno no solo incumple la ley que el propio Congreso sancionó, sino que impulsa en el Senado una reforma alternativa que endurece el acceso a las pensiones. Todo esto, además, ocurre bajo la sombra del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: mientras a las personas con discapacidad se las sometía a auditorías y recortes, en el corazón del organismo crecía una causa por corrupción. Que haya que forzar al oficialismo a prorrogar una emergencia para este sector dice todo sobre sus prioridades.
Endeudados: más de 20 millones esperando una respuesta
El segundo eje toca a un universo enorme: hay más de 20 millones de personas endeudadas en el país y alrededor de seis millones en mora, con la morosidad familiar en su peor nivel en dos décadas. Sobre la mesa hay más de 50 proyectos —solo Unión por la Patria presentó 18— que van desde declarar la emergencia crediticia hasta esquemas de refinanciación, quitas de intereses y suspensión de pagos. El debate quedaría en manos de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, esta última presidida por el dirigente Hugo Yasky.
Del otro lado, el oficialismo defiende su libreto. La diputada Silvana Giudici advirtió que hay que evitar medidas que «quiebren la posibilidad de crédito» de millones de argentinos. Es la misma lógica del Presidente, que definió el endeudamiento familiar como «un problema entre privados» en el que el Estado no debe meterse. La diferencia es que, para millones de hogares, ese «problema entre privados» es elegir entre pagar la cuota o comer.
Un oficialismo cada vez más solo
La foto de la sesión tiene una lectura extra. El pedido lo firmaron bloques que van del peronismo a Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal: un arco amplísimo que incluso sumó a sectores que hasta hace poco dialogaban con la Casa Rosada. Que tantos espacios distintos coincidan en emplazar al Gobierno por estos dos temas es una señal de aislamiento difícil de disimular.
El saldo es claro. Mientras el relato oficial insiste en que la película es «la mejor de la historia», el Congreso vuelve a poner sobre la mesa lo que el ajuste esconde: familias asfixiadas por la deuda y personas con discapacidad a las que se les niega hasta la emergencia. Esta vez, el Gobierno no pudo taparlo. Y eso, en la Rosada, pone los pelos de punta.
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