La Cámara de Diputados aprobó por amplísima mayoría emplazar a las comisiones a tratar el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, dos temas que el oficialismo bloqueaba. Mientras adentro se votaba, afuera la Policía de la Ciudad reprimió con gases y golpes a jubilados y personas con discapacidad que reclamaban en la Plaza del Congreso.
Hay derrotas que un gobierno no puede disimular ni siquiera aplaudiendo. Eso le pasó este miércoles a Javier Milei en la Cámara de Diputados, donde la oposición volvió a marcarle la cancha y logró algo que hace apenas un mes parecía una batalla cuesta arriba: obligar al oficialismo a poner fecha cierta para debatir dos temas que venía cajoneando, el endeudamiento de millones de familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El resultado no dejó margen para el relato paralelo. El emplazamiento sobre la emergencia en discapacidad se aprobó por unanimidad, con 249 votos a favor y ninguno en contra. El de endeudamiento familiar sumó también 249 votos afirmativos y una sola voz en disidencia, la del diputado santacruceño José Luis Garrido. La Libertad Avanza, que había peleado hasta último momento para evitar que la sesión se realizara, terminó votando a favor de ambos emplazamientos para no quedar retratada en soledad.
La estrategia del helicóptero, que no le alcanzó
El oficialismo llegó a intentarlo todo. En los días previos presionó a gobernadores y a diputados de provincias que suelen darle una mano para que no aportaran quórum. Al fracasar, cambió de táctica: horas antes de la sesión, LLA anunció que también bajaría al recinto para no regalar la foto de un recinto semivacío. Minutos antes del mediodía, en una escena inusual, los legisladores libertarios entraron al recinto junto a sus adversarios. La consigna, puertas adentro, fue elocuente: «Si todos son ganadores, se licúa la derrota».
No lo lograron del todo. Un diputado opositor lo resumió con precisión matemática: «Ellos van a querer mostrarse como permeables al debate, pero lo cierto es que perdían, y nosotros pasamos de 133 diputados a 249». La foto de la votación, con el oficialismo levantando la mano junto al resto, es la prueba gráfica de una imposición, no de un consenso espontáneo.
Lo que se logró (y lo que falta)
Conviene ser precisos: no se aprobó ninguna ley todavía. Lo que el pleno votó fue obligar a las comisiones —hoy presididas por el propio oficialismo— a fijar plazos concretos para dictaminar. Para discapacidad, el cronograma marca una reunión informativa el 16 de septiembre y la firma de dictamen el 23. Para endeudamiento familiar, las reuniones quedaron fijadas para los martes 15, 22 y 29, con dictamen en la última fecha.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, puso el problema en palabras simples: «Estamos en presencia de uno de los temas que más angustian a millones y millones de argentinos», dijo, y recordó que hay cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en mora, «porque sus salarios, la posibilidad de tener los recursos necesarios para afrontar la vida cotidiana, lamentablemente no les alcanza». El diputado Pablo Juliano fue en la misma línea: pidió dejar de reducir el endeudamiento a «decisiones de consumo» y mirar de frente «la mesa de los argentinos, el no llegar a fin de mes». Del otro lado, la libertaria Silvana Giudici sostuvo que «la emergencia está cumplida» y que no corresponde extenderla, ya en la vereda de defender el ajuste hasta último momento.
Afuera, la otra cara del Estado
Mientras en el recinto se discutía cómo proteger a jubilados, personas con discapacidad y familias endeudadas, en la Plaza de los Dos Congresos esas mismas personas eran atacadas por las fuerzas de seguridad. El Congreso amaneció vallado. Desde las 11, jubilados, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y organizaciones de endeudados como Libres del Sur se concentraron para exigir que la ley se cumpliera. «Las deudas son de nosotros y nosotras. Las ganancias se las llevan Galperin y los bancos», reclamó Silvia Saravia, referente de Libres del Sur.
La respuesta oficial fue, una vez más, el operativo antipiquetes. La Policía de la Ciudad reprimió con gas y empujones a manifestantes que reclamaban por sus propios derechos. Entre los relatos que circularon, una jubilada identificada como Rosita quedó tendida en el piso tras ser gaseada y empujada por los efectivos. «No tienen vergüenza, me dan asco», gritó, según testigos presentes en la movilización. El coordinador del Foro Permanente, Pablo Molero, resumió el espíritu de la resistencia: «Seguimos luchando, aprendimos a estar presentes y no esperamos ningún regalo del cielo. La ley se tiene que cumplir».
Una foto que lo dice todo
La jornada deja una imagen que se explica sola: adentro del Congreso, 249 votos —hasta del propio oficialismo— reconociendo que la deuda de las familias y la emergencia en discapacidad no pueden seguir esperando. Afuera, gas pimienta y palos contra jubilados y personas con discapacidad que pedían exactamente eso. Un Estado que, empujado por el Parlamento, dice una cosa puertas adentro y, en la calle, custodiado por sus fuerzas de seguridad, hace otra.
La pelea, de todos modos, no terminó: ahora se traslada a las comisiones, donde el oficialismo todavía conserva la presidencia y, con ella, buena parte del poder de demora. La sociedad organizada —jubilados, personas con discapacidad, familias endeudadas— ya demostró que no va a dejar de estar presente. El Congreso, esta vez, no pudo mirar para otro lado.
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