En su tercer discurso ante la Asamblea General, el Presidente reclamó soberanía sobre las Islas mientras ofrecía Vaca Muerta como alternativa comercial para las petroleras que evalúan operar allí. En el mismo speech, mencionó una «Agenda 2045» que Naciones Unidas jamás definió, y volvió a llamar «genocidio» a las políticas sanitarias contra el Covid-19. Una causa nacional legítima, tratada como parte de una estrategia de negocios.
Hay una forma de defender la soberanía nacional y hay otra de convertirla en un argumento de venta. Javier Milei, en su tercera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, eligió la segunda. Definió a Malvinas como «causa nacional», le reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones bilaterales y cuestionó a la ONU por no lograr que se cumplan sus propias resoluciones. Hasta ahí, nada que la Argentina no reclame desde hace décadas, con el respaldo de todo el arco político. El problema aparece cuando esa causa se empieza a mezclar con otra cosa: los negocios petroleros.
La soberanía como estrategia de negocios
El propio discurso presidencial ató el reclamo por las Islas a un objetivo mucho más terrenal: convencer a las petroleras internacionales de que les conviene más invertir en Vaca Muerta que participar del proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas del Atlántico Sur. El propio Milei ya lo había planteado días antes, cuando explicó que varias compañías de servicios petroleros decidieron no meterse en Malvinas porque, según su argumento, la escala que ofrece la cuenca neuquina les resulta más atractiva. El canciller Pablo Quirno fue todavía más explícito: dijo que el objetivo es que las empresas tengan que «elegir» entre Malvinas y las oportunidades que ofrece la Argentina.
Es un enfoque que convierte un reclamo histórico de soberanía en una herramienta de presión comercial. La Argentina tiene motivos de sobra —jurídicos, históricos e institucionales— para reclamar por Malvinas ante los organismos internacionales. Pero reducir esa causa a una oferta de «veníte a Vaca Muerta en vez de meterte en las Islas» la baja de categoría: la transforma de reivindicación nacional en una jugada de marketing energético, en el mismo paquete que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno envió al Congreso y que, según viene señalando buena parte de la oposición, amplía de forma preocupante las facultades sancionatorias y de control sobre empresas y personas.
Una «Agenda 2045» que Naciones Unidas nunca creó
Más allá de la estrategia, el discurso tuvo un tropiezo fáctico que no es un detalle menor viniendo de un jefe de Estado hablando ante el organismo multilateral más importante del planeta. Milei hizo referencia a una supuesta «Agenda 2045» de Naciones Unidas. El problema es que esa agenda no existe. El marco vigente que la ONU efectivamente adoptó es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en 2024 la Asamblea General aprobó, como instrumento adicional, el Pacto para el Futuro. Ninguno de los dos documentos se llama, ni se pareció nunca, a lo que el Presidente mencionó desde el atril.
Que el propio mandatario argentino invente el nombre de un programa internacional para después criticarlo dice bastante sobre el nivel de rigor con el que se construyen buena parte de sus argumentos contra el «globalismo» y las «regulaciones internacionales». Se puede discutir de fondo cualquier política multilateral; lo que no se sostiene es discutirla a partir de una referencia que directamente no existe.
La banalización de una palabra que la Argentina conoce demasiado bien
El tramo del discurso dedicado a la pandemia de Covid-19 tuvo otro momento que merece ser señalado con seriedad. Milei volvió a utilizar la palabra «genocidio» para referirse a las políticas sanitarias aplicadas durante la emergencia, en el marco de sus críticas a la Organización Mundial de la Salud y a la decisión de su Gobierno de retirar al país de ese organismo.
Genocidio no es un adjetivo cualquiera: es una categoría jurídica internacional precisa, y en la Argentina carga además con el peso específico de la última dictadura cívico-militar, con sus 30.000 desaparecidos, torturados y asesinados. Usar esa palabra para calificar políticamente medidas sanitarias de restricción de circulación —por más que se las considere excesivas o equivocadas— no es una conclusión jurídica de ningún tribunal internacional, como bien aclara el propio análisis del discurso: es una caracterización política unilateral del Presidente. Que sea, además, un mandatario argentino quien banaliza así el término, en el país que mejor sabe lo que significa esa palabra en su sentido real, agrega una capa extra de gravedad al asunto.
El doble estándar con los organismos multilaterales
Hay, finalmente, una contradicción de fondo que atraviesa todo el discurso. Milei le exige a la ONU que haga cumplir sus resoluciones a favor de la Argentina en el caso Malvinas —algo perfectamente legítimo de reclamar— pero en el resto de su intervención dedicó buena parte del tiempo a deslegitimar al propio organismo, acusándolo de «mirar para otro lado», de tener herramientas limitadas y de imponer una agenda internacional que ni siquiera describió con precisión. No se puede, al mismo tiempo, pedirle autoridad a un organismo para lo que a uno le conviene y negarle legitimidad para todo lo demás.
Una causa que merece mejor trato
Nada de esto le quita fuerza al reclamo histórico y legítimo de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sostenido por las Resoluciones 2065 y 31/49 de la propia Asamblea General. Todo lo contrario: es justamente el peso de esa causa lo que exige que se la defienda con rigor, con seriedad diplomática y sin mezclarla con estrategias comerciales, errores conceptuales ni banalizaciones históricas. Malvinas merece un reclamo sólido. No un combo de contradicciones armado para la tribuna internacional.
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