Protefilm, una fábrica de films y adhesivos plásticos, recibió dos facturas de Edesur por más de 174 millones de pesos en apenas dos meses. Tuvo que sacar un préstamo bancario de 100 millones solo para pagar la primera y no quedarse sin luz. La Justicia Federal de Quilmes le dio la razón y le prohibió a la distribuidora cortar el servicio mientras se investiga si los aumentos son legales.
Hay un número que resume, mejor que cualquier discurso, lo que le está pasando a buena parte de la industria pyme argentina: $174.916.705,39. Esa es la cifra que sumaron dos facturas consecutivas de electricidad que recibió Protefilm, una fábrica de Florencio Varela dedicada a la producción de films, adhesivos y tubos de polietileno, con 70 empleados en su planta. Para una empresa que fabrica bienes, no que imprime billetes, semejante boleta no es una cuenta a pagar: es una sentencia de muerte productiva.
Un préstamo solo para no quedarse a oscuras
La primera factura, correspondiente a agosto, llegó por $91.956.961,49. La segunda, con vencimiento el 17 de septiembre, sumó otros $82.959.743,90. Para poder pagar la primera y evitar que le cortaran la luz, la empresa no tuvo otra salida que tomar un préstamo bancario de $100 millones a 36 cuotas. Es decir: una pyme que fabrica un insumo real, que sostiene 70 puestos de trabajo genuinos, tuvo que endeudarse a largo plazo solamente para poder seguir encendiendo sus máquinas.
Y el horizonte, lejos de mejorar, empeora: según la propia demanda, si las nuevas condiciones tarifarias se aplicaran durante un ciclo completo de facturación, una sola boleta podría llegar a superar los $323 millones. Ningún negocio productivo, por eficiente que sea, puede sobrevivir a ese ritmo de aumentos.
Aumentos de hasta 300% en un solo concepto
La empresa no denunció un aumento cualquiera: apuntó puntualmente contra dos ítems ligados al Mercado Eléctrico Mayorista, el ACPOT (Ajuste por Servicio de Potencia) y el CESTAB (Cargo o Ajuste por Costo de Energía Consumida). Según el reclamo judicial, esos conceptos registraron subas de entre el 150% y más del 300% respecto de períodos anteriores, hasta el punto de llegar a costar lo mismo —o más— que la propia energía consumida. En criollo: te cobran más caro por administrar el sistema que por la luz que efectivamente gastás.
La compañía calificó la tarifa de «confiscatoria», cuestionó que no se hayan realizado audiencias públicas previas a los aumentos, y denunció que ni Edesur ni Cammesa aportaron documentación clara sobre cómo se calcularon esos montos. Son, ni más ni menos, los reclamos que buena parte del entramado productivo viene haciendo desde que avanzó la desregulación del sector energético.
La Justicia le puso un freno a Edesur
El planteo llegó al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Antonio Armella, que resolvió a favor de la pyme con una medida cautelar: le ordenó a Edesur abstenerse de interrumpir, suspender o restringir el suministro eléctrico a la planta mientras se resuelve, en el expediente principal, si los montos facturados son legítimos. El magistrado fue explícito sobre la gravedad de la situación: advirtió sobre el «peligro inminente de quiebra» que implicaría un corte de luz en la fábrica, y consideró que existía un daño de difícil reparación si se permitía avanzar con la suspensión del servicio.
La resolución quedó sujeta a una caución juratoria por parte de la empresa, y el incumplimiento por parte de Edesur podría derivar en multas (astreintes) e incluso en la comunicación del hecho a la Justicia penal federal. Mientras tanto, Protefilm ya pidió la nulidad de ambas facturas y el reintegro de lo abonado.
«Le trasladan a la industria los costos del desequilibrio»
El abogado que representa a la pyme, Marcelo Szelagowski, fue contundente sobre el trasfondo de la disputa: sostuvo que, «bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladan directamente a la industria los costos derivados de los problemas y desequilibrios del sistema energético», lo que —advirtió— «pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas». No es una frase suelta: es el diagnóstico de lo que le está pasando, con matices, a buena parte del entramado pyme bonaerense desde que se profundizó el esquema de tarifas plenas y quita de subsidios.
Un fallo que puede ser precedente
El caso de Protefilm no es un hecho aislado, y por eso su resolución trasciende a la propia fábrica: la decisión judicial sienta un antecedente que podría ser invocado por decenas de talleres y pequeñas industrias de la provincia de Buenos Aires que hoy enfrentan la misma encrucijada, atrapadas entre pagar facturas impagables o directamente cerrar. Setenta familias en Florencio Varela respiraron un poco más tranquilas esta semana. La pregunta que queda flotando es cuántas otras pymes, sin la espalda financiera para tomar un préstamo de $100 millones ni el acceso a un buen estudio jurídico, ya bajaron la persiana antes de poder llegar a un tribunal.
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