El Presupuesto 2027 elimina la prevención sísmica como programa autónomo, desfinancia el combate a incendios forestales y traslada ambas responsabilidades a Neuquén. La provincia que produce el petróleo y el gas para todo el país pagará ahora también la vigilancia de los riesgos que esa producción genera.
DESARROLLO
Mientras el presidente Javier Milei viajaba esta semana a Europa para exhibir ante inversores internacionales el potencial de Vaca Muerta, el proyecto de Presupuesto 2027 que su gobierno envió al Congreso firmaba en silencio el certificado de defunción de una de las herramientas más estratégicas que tenía el Estado para monitorear lo que ocurre bajo la tierra de la Patagonia: el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Un recorte del 86,1% en términos reales. En la misma provincia. En la misma zona donde el fracking opera las 24 horas.
Lo que el INPRES hacía y lo que queda
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica cumplía una función que no tiene reemplazo en el mercado: monitorear en tiempo real la actividad telúrica en todo el territorio argentino, distinguir entre sismos de origen tectónico natural y eventos inducidos por la actividad hidrocarburífera, y alertar sobre riesgos que afectan obras de infraestructura crítica.
Neuquén no es cualquier provincia en este mapa. La zona de Añelo, Sauzal Bonito y Rincón de los Sauces concentra uno de los mayores índices de sismicidad asociada a operaciones de fractura hidráulica del país. Científicos de la Universidad Nacional del Comahue y los propios registros del INPRES lo han documentado con precisión. Los sismos inducidos por el fracking son un fenómeno real, medido y verificado en la Cuenca Neuquina.
A eso se suma el monitoreo de la actividad volcánica en la cordillera argentino-chilena, que incluye volcanes activos como el Copahue y el Lanín, con implicancias directas sobre la seguridad de comunidades y la infraestructura patagónica.
En el Presupuesto 2027, ese organismo ya no existe como programa autónomo. El proceso de reordenamiento administrativo de la actual gestión lo absorbió dentro del SEGEMAR — Servicio Geológico Minero Argentino —, donde el monitoreo sísmico quedó reducido a una actividad secundaria dentro de una partida genérica, sin trazabilidad propia de su caja y sin independencia de ejecución.
La caída presupuestaria real es del 86,1% frente a los créditos ejecutados en 2026, ajustada por la inflación del 18% que el propio gobierno proyecta para el año que viene. No es un dato de la oposición. Está en el mismo proyecto de ley enviado al Congreso.
Qué queda sin monitorear
El debilitamiento de la red de sismógrafos del INPRES no es un problema administrativo. Es un problema de seguridad pública con consecuencias concretas sobre infraestructura estratégica ubicada en territorio neuquino:
Las presas hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén — El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita, entre otras — cuya integridad estructural depende de una evaluación permanente del riesgo sísmico en su área de influencia.
Los gasoductos y oleoductos troncales que transportan hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina hacia el resto del país y hacia los puertos de exportación, cuyo trazado atraviesa zonas de actividad sísmica documentada.
Los asentamientos urbanos lindantes a la zona de producción no convencional, que han crecido aceleradamente en los últimos años junto al boom de Vaca Muerta.
El recorte compromete la calibración de equipos, la reposición de sensores y el mantenimiento técnico en tiempo real de la red de sismógrafos nacionales. Sin inversión en esos tres componentes, la red se degrada progresivamente hasta quedar inutilizable.
La consecuencia directa: la provincia de Neuquén deberá reforzar su propia Red Sismológica Provincial o suscribir convenios urgentes con la Universidad Nacional del Comahue y otros organismos especializados. Todo con presupuesto propio. Todo pagando lo que el Estado nacional deja de pagar.
El fuego también se privatiza hacia las provincias
El retiro del Estado nacional no termina en la sismología. El Presupuesto 2027 asigna $38.815 millones de pesos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego para el año que viene. En términos nominales parece una mejora respecto a 2026. En términos reales, el presupuesto ambiental global de la Nación es un 84,3% menor que en 2023. Y la palabra «presupuestado» en este contexto tiene un significado muy particular.
El historial de ejecución del Servicio Nacional de Manejo del Fuego bajo la gestión libertaria es el siguiente: en 2024, la ejecución de partidas de prevención y equipamiento fue cero. Nula. En 2025, se ejecutó apenas el 31% de lo presupuestado. En los primeros ocho meses de 2026, la ejecución alcanzó el 16,9% — apenas 2.957 millones de pesos de los asignados.
Dicho de otro modo: lo que figura en el Presupuesto para el combate de incendios no es una garantía de recursos. Es un número. Y la evidencia de tres años de gestión indica que ese número se ejecuta en una fracción mínima de lo comprometido.
La temporada estival arranca en pocas semanas. El verano patagónico, con sus vientos y la aridez de la meseta, es el período de mayor riesgo de incendios forestales. Y la provincia de Neuquén deberá estar preparada no solo para proteger sus propios recursos forestales, sino también para responder en los territorios de jurisdicción federal: el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi, cuya custodia corresponde al Estado nacional pero cuya logística de emergencia recaerá en la provincia ante la reacción tardía o insuficiente del diezmado servicio nacional.
El patrón que el presupuesto consolida
Hay un modelo que se repite en el Presupuesto 2027. No es una coincidencia ni una falla técnica de la elaboración de la ley. Es una decisión política sistemática: el Estado nacional transfiere pasivos ambientales y costos diferidos hacia las provincias, se desentiende de funciones que históricamente financiaba, y deja que cada jurisdicción resuelva con sus propios recursos lo que debería ser responsabilidad federal.
En el caso de Neuquén, la paradoja adquiere una dimensión particular que merece ser nombrada con claridad. La provincia que produce el 40% del petróleo y el 50% del gas del país — la misma que el gobierno nacional lleva a mostrar en París, en Nueva York y en Riad como el activo estratégico más valioso de la Argentina — recibe a cambio un Presupuesto 2027 que recorta el monitoreo de los sismos que esa producción genera, desfinancia la prevención de los incendios que amenazan sus bosques y parques, y no incluye prácticamente ninguna obra de infraestructura en salud, educación ni transporte.
El negocio es para el modelo. Los costos son para la provincia. Y cuando tiemble, también.
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