El juez federal Martín Cormick intimó al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario bajo amenaza de multas diarias. El gobierno apeló. No es la primera vez: ya había apelado la medida cautelar, la Cámara la confirmó, y la Corte Suprema rechazó su recurso extraordinario. En la Universidad Nacional del Comahue, mientras tanto, los salarios docentes cayeron 51% en términos reales y los profesores se van a la actividad privada.
Hay una secuencia judicial que habla más claro que cualquier discurso sobre el modelo educativo del gobierno de Javier Milei. En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar obligando al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno la apeló. La Cámara de Apelaciones la confirmó. El gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. El 25 de junio de 2026, la Corte lo rechazó. La cautelar quedó firme.
En septiembre, el mismo juez analizó la documentación que el Ejecutivo presentó como prueba de cumplimiento y concluyó que no era suficiente. Intimó al gobierno a completar la ejecución en cinco días, bajo apercibimiento de astreintes — multas económicas por cada día de demora.
El Ejecutivo apeló de nuevo.
Cuatro recursos judiciales. Cuatro intentos de dilatar, postergar y esquivar. Mientras tanto, en Neuquén y Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue lleva dos años financiando con lo que tiene una crisis que el Estado nacional niega en los tribunales.
Qué ordena la ley que el gobierno no quiere cumplir
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario establece obligaciones concretas sobre dos ejes centrales: la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios conforme a la inflación real, y la actualización de los programas de becas estudiantiles. Son los artículos 5 y 6 de esa norma los que concentran el conflicto judicial.
El gobierno sostiene que ya cumplió. Para respaldarlo, presentó ante el juez Cormick un conjunto de documentos: transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y registros de becas. El argumento oficial es que los salarios subieron un 226,8% desde diciembre de 2023 y que eso satisface las exigencias de la ley.
El problema es la inflación. Desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026, la inflación acumulada en Argentina superó ampliamente ese porcentaje. Una suba nominal del 226,8% en un contexto de inflación mucho mayor no es una recomposición: es una pérdida disfrazada de aumento. Los gremios universitarios — que tienen su propia lectura sobre la evolución salarial — lo rechazan categóricamente y reclaman una recomposición real, no nominal.
El juez Cormick lo evaluó y llegó a la misma conclusión: no hay cumplimiento total. De ahí la intimación. De ahí la nueva apelación del gobierno.
Lo que la UNCo vive mientras el gobierno litiga
La Universidad Nacional del Comahue es la universidad pública del Alto Valle y la Patagonia. Tiene 82 carreras activas y una matrícula que ronda los 13.000 estudiantes. Forma médicos, ingenieros, abogados, maestros, trabajadores sociales, científicos y técnicos para una región que los necesita. Sus sedes se distribuyen en Neuquén, Cipolletti, General Roca, Zapala, San Martín de los Andes y Bariloche.
Y está funcionando al límite.
La caída salarial de los docentes universitarios en la UNCo alcanzó el 51% en términos reales desde que Milei asumió. Un profesor adjunto con dedicación exclusiva y diez años de antigüedad cobra aproximadamente 1.600.000 pesos por mes. Un adjunto sin dedicación exclusiva — que no puede superar las 10 horas cátedra — no llega a los 300.000 pesos mensuales. Para poner esas cifras en contexto: la canasta básica familiar supera el millón de pesos.
El resultado es predecible. Los docentes se van. La UNCo pierde profesores a la actividad privada en un fenómeno que ADUNC — la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue — describe como en expansión. Hay cátedras que no se pueden cubrir. Hay concursos que no se llaman porque no hay presupuesto para los cargos. Los salarios consumen el 95% del presupuesto total de la universidad, dejando apenas un margen exiguo para funcionamiento.
La rectora Beatriz Gentile viene advirtiendo con insistencia desde hace dos años. En diciembre de 2024 describió la situación como «vulnerable y crítica». En febrero de 2026 dijo que el año sería «tanto o más complejo» que el anterior. Los números le dieron la razón.
El Presupuesto 2027 y lo que viene
El panorama no mejora con lo que se proyecta para el año siguiente. El Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso asigna a la UNCo 126.450 millones de pesos. La proyección de necesidades de la propia universidad para funcionar con normalidad ronda los 203.000 millones. La brecha es de casi 77.000 millones de pesos. Y en términos reales, las universidades nacionales recibirán en 2027 un 24,9% menos que en 2023.
Eso significa que incluso si el gobierno perdiera todas las apelaciones y tuviera que cumplir íntegramente la cautelar en términos salariales, el presupuesto estructural para el año próximo ya programa el desfinanciamiento como política deliberada. La batalla judicial es, en ese sentido, un espejo de la batalla presupuestaria.
La paradoja patagónica
Hay una dimensión de esta historia que en Neuquén y Río Negro debería leerse con especial atención. La misma semana en que el gobierno apeló por cuarta vez para evitar financiar las universidades, el presidente Milei estaba en París promocionando Vaca Muerta ante inversores europeos. El potencial energético de la Cuenca Neuquina como argumento para captar capitales extranjeros.
Vaca Muerta necesita ingenieros. Necesita geólogos. Necesita especialistas en medio ambiente, en derecho laboral, en logística y transporte. Necesita los profesionales que forma, entre otras instituciones públicas, la Universidad Nacional del Comahue.
La universidad que el gobierno no quiere financiar forma parte de la infraestructura humana sobre la que descansa el boom energético que el gobierno vende en Europa. Esa contradicción no aparece en ningún discurso oficial. Pero sí en los expedientes judiciales que el Ejecutivo sigue acumulando en el Juzgado Federal N°11 de la Capital.
La marcha de octubre
Los gremios universitarios ya anunciaron nuevas medidas de fuerza. Una marcha federal está convocada para octubre. El conflicto que empezó con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, que derivó en una cautelar judicial en diciembre de 2025, y que hoy se sostiene en una apelación tras otra, llega a las elecciones legislativas del 26 de octubre con la misma pregunta sin responder: ¿cuándo va a cumplir el gobierno con la ley?
La respuesta del Ejecutivo, consistente en sus cuatro recursos judiciales, parece ser: nunca, mientras haya un tribunal al que apelar.
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