Sindicatos, organizaciones sociales, la Confederación Mapuche, el PJ y hasta la Iglesia se juntaron frente a Casa de Gobierno, le entregaron una nota a Figueroa y llamaron a marchar el 15 de octubre. El motivo es concreto: desde que la Corte Suprema avaló el DNU de Milei, nadie puede impedir legalmente que un fondo de inversión extranjero o un gobierno extranjero compre cualquier terreno en Argentina — incluyendo zonas de frontera y tierras con agua dulce en Neuquén.
Había un límite legal que impedía que un extranjero comprara tierra argentina en zonas estratégicas. Ese límite no existe más. Y el jueves a las 18, Neuquén va a salir a decirlo en la calle.
El martes 6 de octubre, una larga fila de organizaciones — sindicatos, comunidades mapuches, la CGT, la CTA, docentes, universitarios, grupos de derechos humanos y hasta el Equipo Pastoral Social de la Iglesia — se plantó frente a la Casa de Gobierno y le entregó una nota al gobernador Rolando Figueroa. La convocatoria a la marcha del jueves 15 fue el cierre de esa conferencia de prensa. Y hay una razón muy concreta que explica por qué todo ese arco tan amplio de organizaciones se juntó al mismo tiempo.
Qué pasó con la Ley de Tierras
En 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina aprobó la Ley de Tierras Rurales. La norma era simple: los extranjeros no podían ser dueños de más del 15% de las tierras rurales del país. Ninguna sola nacionalidad podía concentrar más del 30% de ese porcentaje. Y en las zonas más sensibles — los bordes con países vecinos, las áreas cerca de ríos y lagos — directamente no se podía vender.
La ley existía porque el mundo lleva décadas con un fenómeno preocupante: fondos de inversión, empresas estatales de otros países y grandes grupos de poder internacional compran tierras en países con recursos naturales. Compran agua dulce, tierras fértiles, acceso a fronteras. Lo que se llama «acaparamiento de tierras» o land grabbing.
Eso era lo que la Ley de Tierras intentaba frenar en Argentina. Y funcionó, con sus límites, durante más de una década.
Javier Milei, al asumir en diciembre de 2023, firmó el DNU 70/23. Un megadecreto con cientos de medidas. Una de ellas era la eliminación de la Ley de Tierras. El argumento del gobierno: las restricciones a la propiedad privada eran un obstáculo para la inversión.
Cuando el Congreso debatió la Ley de Bases, el capítulo de tierras fue uno de los que el Senado se negó a avalar. El Gobierno también intentó darle sustento legal a esa eliminación con otro proyecto — la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» — y también lo tuvo que retirar ante la movilización popular. Las organizaciones habían ganado esa batalla.
Pero el DNU 70/23 seguía vigente. Y el 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia lo avaló. Con ese fallo, la protección legal desapareció.
Lo que quedó sin protección
Desde el fallo de la Corte, el escenario es el que las organizaciones describieron en la nota que le entregaron a Figueroa: «no existe ningún tipo de limitación a la compra de tierras por parte de extranjeros en cualquier lugar del país, ni siquiera en áreas de frontera ni en áreas circundantes con espejos y cursos de agua permanente».
Para Neuquén, ese escenario tiene un peso particular que Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y de la CTA de los Trabajadores, puso en palabras: «En esta provincia, que realmente tiene mucho territorio y con muchísima riqueza, que para muchos extranjeros es apetecible, creo que es lo que tenemos que, como neuquina, como neuquino, tener el recaudo de exigirle a las autoridades políticas.»
Neuquén tiene frontera con Chile. Tiene las cuencas de los ríos Neuquén y Limay — fuentes de agua dulce para millones de personas. Tiene tierras de la meseta que durante décadas han resultado «apetecibles» para capitales extranjeros en busca de recursos hídricos. Tiene el potencial minero y agrícola de zonas que hoy están sin ninguna protección legal frente a la compra externa.
Luis Tiscornia, referente de CONADU, lo dijo de forma directa: «Queda comprometida la soberanía territorial de nuestro país, la integridad territorial y el futuro económico social de nuestro país y de nuestro pueblo.»
El 15 de octubre: tres razones para marchar
El jueves 15 de octubre es un día cargado. La marcha de las 18 en el monumento a San Martín de Neuquén confluye con tres procesos simultáneos que la hacen especialmente relevante.
El primero: en el Congreso hay una sesión especial ese mismo día para tratar el DNU 70/23. Las organizaciones le exigen a cada diputado y diputada que vote el rechazo total al decreto. No una modificación, no un parche: el rechazo completo. Para que la Ley de Tierras vuelva a estar vigente, hace falta que ambas cámaras rechacen el DNU. El Senado ya lo hizo. Diputados nunca lo votó.
El segundo: la marcha del 15 coincide con la quinta marcha federal universitaria. El secretario general de ADUNC invitó a que ambas causas confluyan «bajo una misma bandera, que incluya la defensa por la educación pública, la soberanía, la democracia.» Quien defiende la universidad pública y quien defiende la tierra neuquina están parados en el mismo lugar.
El tercero es un mensaje histórico que la Confederación Mapuche pone en perspectiva. Jorge Nahuel, referente de esa organización, señaló que el Poder Judicial «es un poder que hoy es totalmente funcional a todo este retroceso de derechos» y recordó que «la única manera de frenarlo, lo demuestra la historia reciente, es movilizándonos a las calles.»
El reclamo a Figueroa
La nota que las organizaciones le entregaron al gobernador tiene un pedido concreto: que tome «una posición activa en todos los ámbitos necesarios y en particular en el Congreso de la Nación» en contra del DNU 70/23.
Es una pregunta incómoda para Figueroa. El gobernador que viajó a París con Milei para mostrar Vaca Muerta a inversores europeos. El gobernador que mantiene una relación cordial con la Casa Rosada. El gobernador que necesita de esa relación para conseguir financiamiento y obra pública. Ahora tiene que decir, claramente, si está a favor o en contra de un decreto que pone las tierras y el agua de Neuquén a disposición del mejor postor internacional.
Cintia Galetto, secretaria adjunta de ATEN, lo resumió con una frase que es también el nombre de la marcha: «Salimos a las calles para defender nuestros recursos, para defender la soberanía, para defender la escuela pública y para defender cada derecho conquistado.»
El jueves, a las 18, en el monumento.
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