Cuando el mercado gobierna más que el Estado
La disputa entre la provincia de Buenos Aires y Mercado Libre volvió a exponer uno de los rasgos centrales del modelo impulsado por Javier Milei: un Estado que retrocede mientras las grandes corporaciones avanzan sin controles.
La advertencia realizada por el gobierno bonaerense a la empresa de Marcos Galperín no se limita a una discusión administrativa ni regulatoria. Lo que está en juego es quién fija las reglas de funcionamiento de la economía argentina: si las instituciones democráticas elegidas por la ciudadanía o las plataformas tecnológicas que concentran cada vez más poder económico, financiero y político.
Durante años, Mercado Libre construyó una posición dominante en sectores estratégicos del comercio digital y los servicios financieros. Bajo el discurso de la innovación y la modernización, la compañía logró expandirse hasta convertirse en un actor con capacidad de condicionar decisiones públicas, influir sobre la agenda política e incluso intervenir en debates económicos de alcance nacional.
La reacción de Galperín frente a cualquier intento de regulación vuelve a mostrar una lógica conocida: presentar cualquier control estatal como un ataque a la libertad. Sin embargo, la verdadera discusión pasa por otro lado. Ninguna empresa, por grande que sea, puede ubicarse por encima de las normas que garantizan la competencia, la transparencia y la defensa de los consumidores.
En ese contexto, la cercanía ideológica y política entre Milei y Galperín adquiere una relevancia especial. El Presidente ha convertido la defensa irrestricta de los grandes grupos económicos en una bandera de gestión, mientras avanza con políticas de desregulación, privatización y debilitamiento de los organismos de control.
El resultado es un esquema donde los sectores concentrados acumulan beneficios, mientras el Estado pierde herramientas para intervenir en áreas estratégicas y proteger el interés general.
La discusión abierta por la provincia de Buenos Aires marca un límite político que trasciende a una empresa puntual. Se trata de definir si la Argentina seguirá aceptando que las reglas sean dictadas por los gigantes del mercado o si el Estado recuperará su capacidad de ordenar, regular y defender los intereses de la mayoría.
Porque cuando el poder económico deja de reconocer límites, la libertad deja de ser un derecho colectivo y se transforma en un privilegio reservado para unos pocos.
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