Rectores y autoridades universitarias rechazaron una propuesta oficial que condicionaba una mejora salarial al retiro de la demanda judicial por los fondos educativos.
La reunión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas terminó sin acuerdo y profundizó un conflicto que ya lleva meses afectando al sistema educativo superior.
Según trascendió, el Ejecutivo propuso una actualización salarial inferior a la prevista en la Ley de Financiamiento Universitario y condicionó cualquier avance a que las universidades desistieran de la demanda judicial que exige el cumplimiento de esa norma. Las autoridades universitarias consideraron esa condición “inaceptable” y las negociaciones volvieron a quedar estancadas.
El conflicto tiene como trasfondo la negativa del Gobierno de aplicar plenamente la ley aprobada por el Congreso, una decisión que actualmente se encuentra bajo análisis judicial y que podría terminar siendo resuelta por la Corte Suprema.
Mientras tanto, rectores, docentes y estudiantes advierten que la situación financiera de las universidades continúa deteriorándose. Según datos difundidos por el sistema universitario, las transferencias nacionales registran una fuerte caída en términos reales desde 2023 y los salarios docentes perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación.
La falta de acuerdo alimenta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza y movilizaciones en distintas universidades del país, en un conflicto que ya se transformó en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la comunidad educativa.
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