Durante meses, Javier Milei construyó gran parte de su discurso político alrededor de una idea simple: combatir a la casta y terminar con los privilegios de la política. Sin embargo, ahora es el propio Fondo Monetario Internacional quien le advierte a su gobierno sobre problemas de corrupción, debilidades institucionales y falta de transparencia en la administración pública.
La observación no llega desde la oposición ni desde sectores sindicales o sociales. Llega desde el organismo que sostiene financieramente el programa económico libertario y que acaba de aprobar un nuevo desembolso para la Argentina. En su evaluación, el FMI reclamó fortalecer los mecanismos de control, mejorar la rendición de cuentas y avanzar en herramientas concretas para prevenir irregularidades dentro del Estado.
El dato resulta especialmente incómodo para una administración que hizo de la superioridad moral uno de sus principales activos políticos. Porque mientras el Gobierno insiste en señalar a gobiernos anteriores, los cuestionamientos sobre transparencia comienzan a aparecer dentro de los propios informes internacionales que respaldan su plan económico.
La advertencia del Fondo expone además una contradicción cada vez más evidente. El ajuste se aplica con dureza sobre jubilados, trabajadores, universidades y provincias, mientras crecen las dudas sobre los mecanismos de control y sobre la calidad institucional que acompaña ese proceso.
La discusión ya no pasa solamente por las variables económicas. También empieza a involucrar algo que Milei prometió recuperar: la confianza pública. Y cuando incluso el FMI considera necesario advertir sobre corrupción y transparencia, el problema deja de ser un argumento opositor para convertirse en una señal de alarma imposible de ignorar.
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