El Tribunal Oral Federal N°5 dictó sentencia en la causa por el desvío de fondos para viviendas sociales, a horas de que la acción penal quedara prescripta. El exministro Julio De Vido resultó absuelto; José López y los hermanos Schoklender recibieron penas de menos de tres años, en suspenso, muy por debajo de los seis años que había pedido la fiscalía. Las defensas ya anunciaron que apelarán: ninguna condena quedó firme.
Quince años de expediente, seis meses de juicio oral y un veredicto que llegó literalmente al límite del reloj judicial. El Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dictó este lunes su sentencia en la causa Sueños Compartidos, que investigaba el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El resultado fue un fallo mixto, lejos de la contundencia que había reclamado la fiscalía.
El dato que más resuena es la absolución del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, la figura política de mayor peso entre los nueve imputados. El tribunal no encontró elementos para sostener la acusación en su contra, pese a que la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, habían pedido para él la pena máxima: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Condenas, pero muy por debajo de lo pedido
El resto de los imputados no corrió la misma suerte, aunque tampoco la pasaron como pretendía la acusación. El tribunal condenó al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender —exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo— a penas de menos de tres años de prisión, en suspenso. Es decir: ninguno de los cinco va a pisar una cárcel por esta causa, al menos con la sentencia tal como quedó. La fiscalía había pedido el doble de esa pena.
También fueron condenados, como partícipes secundarios, otros cuatro imputados: los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y los exfuncionarios de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano. Para ellos la fiscalía había reclamado cuatro años; las penas finalmente impuestas quedaron, otra vez, muy por debajo de ese pedido.
El tribunal sí ordenó el decomiso de $206 millones, el monto que la Justicia consideró probado como desviado del total de casi $748,7 millones que la Fundación administró entre 2008 y 2011 para levantar viviendas y centros de salud en distintas provincias, mediante convenios firmados con el Ministerio de Planificación.
Un fallo que llegó al filo del reloj
El veredicto no solo llamó la atención por su resultado, sino por el momento exacto en que se conoció. Según planteó la fiscalía, este martes se cumplían seis años desde el último acto interruptivo válido de la causa, lo que habría dejado extinguida la acción penal por prescripción. El tribunal rechazó los planteos de prescripción presentados por las defensas —que sostenían que el plazo ya se había agotado desde la citación a juicio del 8 de julio de 2020— y alcanzó a dictar sentencia justo antes de ese límite.
Que una causa tarde quince años en llegar a una resolución, y que esa resolución se conozca literalmente a horas de quedar caduca, dice bastante sobre los tiempos —y las ineficiencias— de la Justicia federal argentina, más allá de cuál haya sido el resultado final para cada imputado.
El alegato de la fiscalía y la respuesta de las defensas
Durante el juicio, el fiscal Diego Velasco había descripto lo que llamó un «plan criminal» diseñado desde el Estado nacional: sostuvo que las obras se adjudicaron en forma directa, sin licitación, a la Fundación, y que desde allí los Schoklender derivaron parte del dinero hacia sociedades propias. La representante de la UIF, Marianela Teich, habló de una «arquitectura delictiva» montada sobre la contratación pública.
Las defensas, por su parte, apuntaron en distintas direcciones. La de De Vido sostuvo que el exministro no intervino personalmente en las maniobras —argumento que el tribunal terminó validando con la absolución—. La de López cuestionó los peritajes contables y negó que se hubiera probado un acuerdo criminal entre los funcionarios y los administradores de la Fundación.
El detalle de color: la ironía de Schoklender
En la audiencia de alegatos finales, el único imputado que hizo uso de la palabra fue Sergio Schoklender, quien defendió la ejecución del programa habitacional y se despachó con una ironía hacia Cristina Kirchner, a quien aludió sin nombrar directamente al decir que no iba a sostener, «como decía la loca, que la historia me va a absolver». De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender prefirieron no hablar.
Un nombre que sobrevoló todo el juicio sin llegar nunca al banquillo fue el de Hebe de Bonafini, histórica titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que había quedado procesada en el expediente pero murió en noviembre de 2022 sin sentarse a declarar. El propio conflicto entre los Schoklender y Bonafini, estallado en 2011, fue lo que había destapado el caso.
Nada está firme todavía
Es clave remarcar el estado real de este fallo: ninguna condena ni absolución quedó firme. Las defensas ya anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el expediente todavía tiene, como mínimo, una instancia más por delante. Además, queda pendiente un segundo tramo de la causa, centrado en el presunto lavado de dinero, que investiga la ruta de esos fondos hacia las empresas de los Schoklender.
Quince años después de que estallara el escándalo, Sueños Compartidos deja, por ahora, más preguntas abiertas que certezas: una absolución para la figura política más alta del expediente, condenas leves y en suspenso para el resto, y un proceso que todavía no terminó de cerrarse.
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