La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que pidieran su prisión preventiva, o en su defecto la prohibición de salida del país, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Según publicó Página/12, el planteo se apoya en los argumentos de posible riesgo de fuga y eventual entorpecimiento de la investigación. La nota señala además que el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El caso vuelve a poner bajo presión al Gobierno nacional, que enfrenta una nueva controversia judicial alrededor de uno de sus principales voceros políticos. La investigación se da en un contexto de fuertes cuestionamientos públicos por el ajuste sobre trabajadores, jubilados, organismos del Estado y áreas sensibles de la administración pública.
La causa aún debe avanzar en sede judicial y será la Justicia la que determine responsabilidades. Sin embargo, el pedido de medidas restrictivas marca un salto en la tensión política y judicial sobre un funcionario clave del oficialismo.
Para la oposición, el episodio abre una discusión más amplia sobre transparencia, patrimonio de los funcionarios y rendición de cuentas en un Gobierno que hizo de la crítica a la política tradicional una de sus principales banderas públicas.
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