La combinación de recortes y pérdida frente a la inflación golpeó de lleno al sistema educativo.
La educación quedó en el centro del impacto del ajuste fiscal. El presupuesto educativo nacional cayó casi a la mitad en los últimos dos años, una reducción que afecta programas, salarios, infraestructura y políticas destinadas a sostener la igualdad de oportunidades.
La nota señala que la “motosierra” sobre partidas públicas y la “licuadora” inflacionaria conformaron un combo que deteriora la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación. El recorte también alcanza áreas sensibles como alfabetización, acompañamiento escolar y financiamiento para el sistema universitario.
El dato resulta clave porque la inversión educativa no sólo sostiene aulas abiertas: también define posibilidades de desarrollo, inclusión y movilidad social. En un país federal, reducir recursos nacionales profundiza desigualdades entre provincias y golpea con más fuerza a las comunidades con menos capacidad de respuesta.
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