CTERA encabezó una medida de fuerza nacional para reclamar la restitución del Fondo de Incentivo Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para las escuelas. El Gobierno respondió con controles y advertencias contra los gremios.
Docentes de todo el país iniciaron este lunes 3 de agosto un paro nacional en defensa de la educación pública, los salarios y el financiamiento del sistema escolar. La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina —CTERA— y alcanza a los niveles inicial, primario y secundario.
Entre los principales reclamos aparecen la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido como FONID, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el envío de fondos para infraestructura, comedores y programas educativos, y la convocatoria a una nueva instancia nacional de negociación salarial.
Los sindicatos también solicitaron una nueva Ley de Financiamiento Educativo y expresaron su rechazo al proyecto de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo, al considerar que podría debilitar el carácter público del sistema y avanzar sobre derechos laborales y previsionales.
La protesta coincide con el regreso a clases después del receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Además de las escuelas estatales, algunas instituciones privadas adhirieron mediante docentes representados por el Sindicato Argentino de Docentes Privados. En distintas jurisdicciones, las acciones podrían continuar durante el martes 4 de agosto.
La medida cuenta con la participación de gremios bonaerenses como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, mientras que los docentes universitarios están representados por organizaciones como CONADU Histórica. La Asociación de Trabajadores del Estado también convocó a un paro nacional, lo que afecta el funcionamiento de diferentes dependencias públicas.
Según cifras difundidas por sectores gremiales, la inversión nacional en educación se redujo cerca de un 50% en términos reales entre 2023 y 2025. Los sindicatos aseguraron que los programas de educación obligatoria sufrieron una caída real del 76,5% y que los recursos destinados a infraestructura escolar retrocedieron un 58,5%.
Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que los establecimientos debían garantizar el 75% de la prestación habitual. Los gremios rechazaron esa exigencia y señalaron que el derecho de huelga está protegido constitucionalmente.
La jornada vuelve a colocar en el centro del debate el papel del Estado nacional en el sostenimiento de una educación pública federal. La eliminación de fondos, la pérdida salarial y el deterioro de los programas educativos impactan con mayor fuerza en las provincias y en las comunidades con menos recursos.
Fuente de la información: Agencia Noticias Argentinas.
Fuente de imagen principal: Agencia NA / Claudio Fanchi.
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