El oficialismo buscará aprobar el 6 de agosto una reforma que elimina límites a la compra de territorio rural por parte de personas y empresas extranjeras. Organizaciones ambientales y sectores de la oposición advierten sobre sus consecuencias para la soberanía y los recursos naturales.
El Gobierno nacional retomará en el Senado el debate del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que modifica el régimen vigente de tierras rurales y amplía las posibilidades de adquisición por parte de capitales extranjeros.
La discusión fue postergada en varias oportunidades debido a que el oficialismo no logró reunir los votos necesarios. Luego de un nuevo encuentro entre la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el tratamiento quedó previsto para el próximo 6 de agosto.
Entre los puntos más cuestionados se encuentra la eliminación de los límites nacionales establecidos para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. La normativa vigente fija un máximo general del 15 por ciento del territorio rural en manos foráneas y establece restricciones adicionales en zonas fronterizas y áreas estratégicas.
La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, cuestionó la propuesta y convocó a defender la legislación actual. A través de sus redes sociales sostuvo que el debate representa una amenaza para el control nacional sobre el territorio y llamó a acompañar las acciones previstas para el día de la sesión.
“Este 6 de agosto tenemos que defender nuestras tierras con lo mejor que tenemos, el orgullo de ser argentinos”, expresó Vilar en la publicación, acompañada por la consigna “La Ley de Tierras no se toca”.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca facilitar inversiones y reforzar el derecho a la propiedad privada. Bullrich afirmó que permitir una mayor participación extranjera no afectaría la soberanía y sostuvo que las provincias conservarían facultades para establecer sus propias regulaciones.
Sin embargo, especialistas, organizaciones ambientales y legisladores opositores advierten que la liberalización podría profundizar la concentración territorial y favorecer la creación de enclaves privados en regiones con disponibilidad de agua, minerales, energía y tierras productivas.
El proyecto no se limita a una discusión inmobiliaria. La propiedad de grandes extensiones puede condicionar el acceso a ríos, lagos, acuíferos, zonas mineras y áreas de frontera, además de influir sobre la planificación productiva de las provincias.
La legislación vigente fue sancionada para establecer controles sobre la extranjerización y preservar el dominio nacional de recursos considerados estratégicos. Su modificación vuelve a colocar en el centro del debate el papel del Estado, el federalismo y la capacidad del país para decidir sobre el uso de su propio territorio.
El próximo 6 de agosto, el Senado deberá resolver si avanza con una reforma que amplía las posibilidades de compra extranjera o si mantiene las restricciones establecidas por la actual Ley de Tierras Rurales.
FUENTES
Fuente principal: Página/12.
Fuente complementaria: publicación de Daniela Vilar en Instagram.
Fuente de imagen: Instagram de Daniela Vilar, @danyvilar.
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