El Presidente responsabilizó a las familias por la crisis de pagos y rechazó una intervención estatal. La morosidad bancaria alcanzó niveles récord, impulsada por el deterioro de los ingresos, el uso de tarjetas y los préstamos personales.
El presidente Javier Milei descartó que el Gobierno nacional implemente una política de asistencia para las familias que no pueden cumplir con sus créditos y tarjetas.
En medio de una crisis de endeudamiento que afecta a casi seis millones de personas, el mandatario sostuvo que los ciudadanos tomaron sus compromisos financieros por decisión propia y afirmó que nadie se endeudó “con una pistola en la cabeza”.
Las declaraciones se produjeron mientras diferentes informes advierten sobre un fuerte deterioro de la capacidad de pago de los hogares. De acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por el Centro de Economía Política Argentina, existen aproximadamente 20,9 millones de personas endeudadas dentro del sistema financiero.
De ese total, alrededor de 5,8 millones ya se encuentran en situación de mora. El incumplimiento de las familias con los bancos pasó del 2,5 por ciento en octubre de 2024 al 12,3 por ciento en mayo de 2026, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el crecimiento del financiamiento para cubrir gastos cotidianos.
Los principales atrasos se concentran en tarjetas de crédito, préstamos personales y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. Estas herramientas dejaron de utilizarse únicamente para compras extraordinarias y comenzaron a funcionar como un recurso para afrontar alimentos, servicios, alquileres y medicamentos.
El problema también afecta a sectores medios que hasta hace poco conservaban capacidad de ahorro y acceso regular al crédito. La combinación de salarios deteriorados, tarifas más elevadas y tasas financieras difíciles de sostener empujó a numerosos hogares a refinanciar vencimientos o pagar únicamente el mínimo de sus tarjetas.
Frente a este escenario, sectores del peronismo impulsan la creación de un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas. La propuesta plantea que la ANSES otorgue créditos de hasta 1,5 millones de pesos para cancelar deudas atrasadas y permitir que los hogares recuperen condiciones normales de financiamiento.
La iniciativa todavía debe ser debatida en el Congreso, pero representa una alternativa basada en la intervención estatal ante una crisis que no puede explicarse únicamente por decisiones individuales. El crecimiento sostenido de la morosidad muestra un problema económico generalizado que afecta el consumo, el comercio y la estabilidad de millones de familias.
La negativa presidencial a analizar una respuesta pública refuerza el contraste entre dos modelos: uno que responsabiliza individualmente a los deudores y otro que considera necesario proteger los ingresos, regular las condiciones financieras y ofrecer herramientas para evitar la exclusión crediticia.
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